Entre la percepción y la realidad

Adriana Martínez Villegas

Resulta interesante el anuncio de la Directora Ejecutiva del Sector de la Minería a Gran Escala, sobre la próxima publicación de un estudio elaborado por los gremios mineros, con la colaboración de respetados centros de estudio sectorial, donde con cifras en mano,  se podrá dar respuesta a lo dicho por los detractores de la minería, quienes afirman que  es poco o nada lo que la minería aporta al país frente a los daños ambientales y sociales que genera.

La campaña de desprestigio de la minería ha avanzado en poco tiempo, de manera acelerada, por lo que ya es hora de dar respuesta, no con argumentos del corazón sino con cifras comprobables, sobre el verdadero aporte de este sector a la economía y al progreso nacionales.

En recientes publicaciones en los medios, se reseña que el común de las gentes desconoce el aporte de la minería, pero que en los municipios y departamentos productores, sus habitantes sí son conscientes de que esta actividad es fundamental para el progreso de la región donde residen.  Es por ello que hay que difundir con mayor vehemencia, los beneficios de esta actividad para el país, y mostrar cómo nuestros vecinos latinoamericanos han podido hacer uso eficiente de la llamada renta minera, para mejorar las condiciones de vida de la población, sin causar la hecatombe que vaticinan los pesimistas.

Hoy esos detractores desde distintos ámbitos vienen adelantando una verdadera batalla, sin mayores justificaciones y apelando a argumentos sin sustento técnico serio, para lograr prohibir esta actividad. Se alega que la misma pone en riesgo el medio ambiente, el equilibrio ecológico, el derecho a participar de las comunidades y regiones y, hasta la moralidad administrativa, cuando se otorgan títulos mineros en cumplimiento de las funciones públicas. Por ello, hoy los despachos judiciales se encuentran atiborrados de negocios que tienen que ver con minería, ya sea por acciones de inconstitucionalidad, nulidad, de tutela o de acción popular, que pretenden se ordene parar la minería por dañina, sin más consideración o evaluación. Al país igualmente se le vende la idea que se trata de una elección entre los derechos colectivos y el interés particular, o entre la minería y el agua. Nada más alejado de la realidad. La minería responsable es de interés general. La minería responsable puede causar impactos pero estos pueden a su vez ser mitigados y compensados y, definitivamente, no compite con el agua.  Quienes conocemos la realidad, sabemos que los beneficios son enormes y es de esperar que el libro que se publicará prontamente, así lo demuestre para cambiar la percepción y dar a conocer cuál es la realidad.

Es por ello, y no por capricho, que el Gobierno Nacional expidió el documento CONPES No. 3762 del 20 de agosto de 2013 donde se dieron lineamientos de política para la identificación y priorización de proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía considerados como de interés nacional y estratégicos, con el fin de resolver problemas relacionados con los trámites y procedimientos requeridos para formular y ejecutar dichos proyectos. Porque de esos proyectos depende el progreso de todos los colombianos y se requiere hacer esfuerzos para sacarlos adelante.

Los problemas recientes ya nos hicieron perder en parte el boom de los altos precios, y hoy estamos viendo los efectos de la pérdida de oportunidades. El año pasado el precio del carbón en los mercados internacionales retrocedió un 15, 7% y el ferroníquel y el oro en un 16%. Esto sumado a la menor producción por las razones por todos conocidas, ha golpeado las finanzas públicas. Entonces, hay que corregir los problemas internos para permitir que los llamados “commodities”, incluyendo los minerales, que hoy significan el 70% de las exportaciones de Colombia, se recuperen. No hay que seguir pensando que la solución es prohibir la actividad.

No se trata de evadir responsabilidades sino que la discusión se produzca de manera seria, con base en realidades y no en percepciones. Ojalá en escenarios académicos y no políticos y con argumentos sólidos, de manera que, lo que deba corregirse o ajustarse, poder hacerlo pronto, y que como país no perdamos las oportunidades que están por venir y que podrían marcar la diferencia en materia de avance en infraestructura, educación, salud y vivienda para los colombianos. Conviene hacer un llamado a la sensatez a quienes se oponen de manera férrea a llevar a cabo la discusión sin apasionamientos y con argumentos.